En la Convención del Partido Nacional que tuvo lugar en Florida, en octubre del 2006, se aprobó una Declaración promovida por el Directorio llamando la atención sobre diez casos concretos y documentados en los que el Poder Ejecutivo había violado -hasta ese momento- la Constitución de la República, para terminar solicitándole "que corrija los graves errores cometidos". Casi un año después, contrariando esa advertencia, puede decirse que aquel autoritarismo se ha profundizado, extendiéndose ahora a casi toda la administración política, con un desprecio olímpico del art. 211 literales B) y E) de la Constitución, un desconocimiento absoluto de la autoridad del Tribunal de Cuentas y una reiteración sistemática de gastos y operaciones ilegales.
La Carta establece que al órgano de contralor le corresponde "intervenir preventivamente en los gastos y los pagos… al sólo efecto de certificar su legalidad, haciendo, en su caso, las observaciones correspondientes. Si el ordenador respectivo insistiera, lo comunicará al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto" y agrega: "Si el Tribunal de Cuentas a su vez, mantuviera las observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o quien haga sus veces, a sus efectos". Es oportuno recordar también que ese artículo fue incorporado en la Constitución de 1934 recogiendo una iniciativa del Partido Nacional y que en un Seminario sobre "Proyecto de Ciudadanía Responsable" organizado por el Clahe y la Fundación Avina, que tuvo lugar hace dos años, se destacó que el Tribunal remitía entonces, anualmente, al Parlamento, cerca de tres mil observaciones, las que -agregamos nosotros- no son objeto de estudio por este "Gobierno del cambio" pese a tener mayoría en ambas Cámaras.
Configura un ejercicio más apasionante de lo que parece tomarse el trabajo de analizar las observaciones interpuestas por el Tribunal en los primeros siete meses de este año y sacar las conclusiones que de ello emerge. En ese sentido, debe comenzarse por divulgar que, de enero a julio, formuló 299 observaciones y que el ranking de las mismas está liderado por OSE con 24 impugnaciones, a la que siguen Antel (19), el Ministerio de Salud Pública (18), UTE (15), Economía y Transporte (14 cada uno), Banco de Seguros (13), Banco Hipotecario, AFE y el Ministerio de Trabajo (8), el de Turismo y el BPS (7), Relaciones, Ancap y ANP (5), Banco Central (4), el de Desarrollo, Interior, OPP e Intendencia de Montevideo (3), Transporte, Ganadería, INAU e Intendencias de Canelones y Maldonado (2), cerrando la lista con 1, Educación, Interior y Defensa, la Comisión Administradora del Palacio Legislativo, la Junta de Paysandú, el Banco República y el Diario Oficial. A esta altura importa dejar constancia que es lo mismo violar la ley una vez que veinticuatro veces y que en la lista de los violadores figura también la Presidencia de la República con cuatro observaciones. Todos son más o menos pecadores, pero pecadores al fin.
Y no se crea que el desconocimiento de la Constitución, de numerosas leyes y del Tocaf fue para comprar cueritos de canilla, no; fue para comprometer gastos sin rubro disponible; por utilizar créditos anuales no ejecutados que quedaron sin valor; para pagar haberes millonarios a centenares de funcionarios, por contrataciones de las más variadas especies; por renovaciones de contratos en régimen de arrendamiento de obra; por transferencia de Relaciones a la Cámara de Industrias de U$S 150.000 por la preparación de un Informe; por contrataciones directas y pagos a una Pensión ($ 51.483); para abonar el mantenimiento integral de los edificios del Ministerio de Vivienda; por servicios de alimentación a los funcionarios del Ministerio de Trabajo; por construcción de locales en un Complejo Carcelario y de servicios de limpieza en un Hospital; paquetes de 26 y de 200 gastos por exceder el monto de la licitación; o de 546 y 344 por falta de disponibilidad o fraccionamientos; gastos de Becarios y Pasantes, servicios de Asesoría en la Secretaría de un Director; la asociación entre Ancap y Acodike, etc. etc. etc. Un análisis completo, pese a ser divertido, excede las posibilidades de este espacio.
Para justificarlo, no puede invocarse, como es habitual, que administraciones anteriores hacían lo mismo, ya que eso no sirve de excusa. Si estuvieron mal, no hay que seguir haciendo lo malo y si fue malo, el Frente Amplio ha venido ahora a santificarlos con el mantenimiento de la actitud.
La Carta establece que al órgano de contralor le corresponde "intervenir preventivamente en los gastos y los pagos… al sólo efecto de certificar su legalidad, haciendo, en su caso, las observaciones correspondientes. Si el ordenador respectivo insistiera, lo comunicará al Tribunal sin perjuicio de dar cumplimiento a lo dispuesto" y agrega: "Si el Tribunal de Cuentas a su vez, mantuviera las observaciones, dará noticia circunstanciada a la Asamblea General, o quien haga sus veces, a sus efectos". Es oportuno recordar también que ese artículo fue incorporado en la Constitución de 1934 recogiendo una iniciativa del Partido Nacional y que en un Seminario sobre "Proyecto de Ciudadanía Responsable" organizado por el Clahe y la Fundación Avina, que tuvo lugar hace dos años, se destacó que el Tribunal remitía entonces, anualmente, al Parlamento, cerca de tres mil observaciones, las que -agregamos nosotros- no son objeto de estudio por este "Gobierno del cambio" pese a tener mayoría en ambas Cámaras.
Configura un ejercicio más apasionante de lo que parece tomarse el trabajo de analizar las observaciones interpuestas por el Tribunal en los primeros siete meses de este año y sacar las conclusiones que de ello emerge. En ese sentido, debe comenzarse por divulgar que, de enero a julio, formuló 299 observaciones y que el ranking de las mismas está liderado por OSE con 24 impugnaciones, a la que siguen Antel (19), el Ministerio de Salud Pública (18), UTE (15), Economía y Transporte (14 cada uno), Banco de Seguros (13), Banco Hipotecario, AFE y el Ministerio de Trabajo (8), el de Turismo y el BPS (7), Relaciones, Ancap y ANP (5), Banco Central (4), el de Desarrollo, Interior, OPP e Intendencia de Montevideo (3), Transporte, Ganadería, INAU e Intendencias de Canelones y Maldonado (2), cerrando la lista con 1, Educación, Interior y Defensa, la Comisión Administradora del Palacio Legislativo, la Junta de Paysandú, el Banco República y el Diario Oficial. A esta altura importa dejar constancia que es lo mismo violar la ley una vez que veinticuatro veces y que en la lista de los violadores figura también la Presidencia de la República con cuatro observaciones. Todos son más o menos pecadores, pero pecadores al fin.
Y no se crea que el desconocimiento de la Constitución, de numerosas leyes y del Tocaf fue para comprar cueritos de canilla, no; fue para comprometer gastos sin rubro disponible; por utilizar créditos anuales no ejecutados que quedaron sin valor; para pagar haberes millonarios a centenares de funcionarios, por contrataciones de las más variadas especies; por renovaciones de contratos en régimen de arrendamiento de obra; por transferencia de Relaciones a la Cámara de Industrias de U$S 150.000 por la preparación de un Informe; por contrataciones directas y pagos a una Pensión ($ 51.483); para abonar el mantenimiento integral de los edificios del Ministerio de Vivienda; por servicios de alimentación a los funcionarios del Ministerio de Trabajo; por construcción de locales en un Complejo Carcelario y de servicios de limpieza en un Hospital; paquetes de 26 y de 200 gastos por exceder el monto de la licitación; o de 546 y 344 por falta de disponibilidad o fraccionamientos; gastos de Becarios y Pasantes, servicios de Asesoría en la Secretaría de un Director; la asociación entre Ancap y Acodike, etc. etc. etc. Un análisis completo, pese a ser divertido, excede las posibilidades de este espacio.
Para justificarlo, no puede invocarse, como es habitual, que administraciones anteriores hacían lo mismo, ya que eso no sirve de excusa. Si estuvieron mal, no hay que seguir haciendo lo malo y si fue malo, el Frente Amplio ha venido ahora a santificarlos con el mantenimiento de la actitud.
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